El problema no consiste en debatir si la educación debería ser pública o privada. Lo que se pone en tela de juicio es el principio de gratuidad de la enseñanza cuando se efectúan propuestas para el reordenamiento de las irregularidades e ineficiencias del sistema educativo. La propuesta del grupo FIEL estaba dirigida a instalar en la sociedad la necesidad del arancelamiento.

Los pudientes aportarían para que se eduquen los que no pueden hacerlo por razones económicas, de este modo se establecería una fuente de financiamiento absolutamente ilegítima. Así el Estado delega su responsabilidad, por que lo que hoy, a lo mejor, es un arancel insignificante. ¿Quién garantiza que mañana se duplique o se cuadruplique?.

El hecho de que existan irregularidades y ciertas ineficiencias en el sistema educativo, no legitima posiciones “ técnicas”, que atenten contra el principio de gratuidad o lo que es lo mismo, contra el mismo derecho. Esta es una falacia muy bien manipulada desde los medios de difusión masiva que responden, en su gran mayoría, a los grupos de poder económico. La educación es considerada como un “gasto público” y no como una inversión. Este criterio de medición se instaló desde la década del 80’ a través de un grupo de economistas financiados por empresas multinacionales denominados: “Los Chicago Boys”. Estos sostenían la “doctrina del derrame”, como lo plantea Pablo Breguer, y consiste en líneas generales en “ la necesidad de achicar el Estado y bajar el gasto público, abrir los mercados, flexibilizar los mercados laborales y reducir los gastos sociales ... generaría un modelo de crecimiento donde la riqueza se derramaría hacia todos los estratos de la sociedad” ( Revista Magazín Año 8 nº 435 “ La globalofobia resiste” 15/12/ 2001).

Este modelo ha sido el causante de una realidad social caótica a nivel planetario y en nuestro país es el responsable de la muerte de 11.000 niños por año por causas que se podrían evitar si se distribuyera más equitativamente las riquezas.

Es hora de reflexionar entonces, sobre la necesidad de resignificar la Reforma Educativa en el marco de un país en quiebra, pero pensando además que la contrarreforma será una posibilidad para aquellos que apuesten a la pleitesía cultural.

De nosotros dependerá si ese avance los técnicos que predican desde la dictadura del pensamiento único, sea truncado desde la resistencia de aquellos que creen que a través de la educación es posible un país donde se pueda vivir con dignidad y equidad.

Publicado en el periódico 'El Independiente', setiembre de 2002

por José Pedro Amado