Las posibilidades desperdiciadas con la instrumentación de la Reforma Educativa nos puso en una situación crítica frente a la realidad económica que actualmente vive el país. La ausencia de un proyecto educativo global y la insólita falta de interés de los dirigentes por elaborarlo o al menor procurarlo, es un hecho que merece una profunda reflexión.
La Reforma Educativa que emanaba de la Ley Federal de Educación, estuvo en manos de un grupo de expertos pedagógicos que, en su mayoría pertenecían a la FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). Con la mejor predisposición iniciaron una tarea colosal: La transformación educativa Argentina. Muy celebrada al principio, los dirigentes paulatinamente fueron tomando distancia que derivó en una reforma inconclusa y truncada, con todo la reforma logró introducir cambios muy significativos y por ellos tomó estado público la necesidad de cambiar la educación para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La reforma se instaló en la conciencia colectiva.
Para ejecutar los cambios propuestos era necesario generar las condiciones materiales para que los mismos tuvieran asidero, de modo que el endeudamiento internacional fue la gestión que se realizó desde el Gobierno para materializar este anhelo social. Fue el surgimiento de programas como PRISE y PRODYMES, a su cargo estuvieron un grupo de “técnicos” que conformaban la UCN (Unidad Coordinadora Nacional) y cuya misión consistía en monitorear y asistir técnicamente a las jurisdicciones en la ejecución de estos programas en cada una de ellas.
En esta compleja tarea aparecieron un sinnúmero de dificultades y, entre las más significativas fue que algunas provincias no contaban con expertos profesionales que pudieran elaborar estrategias adecuadas para la puesta en marcha de la reforma. La provincia de La Rioja, por ejemplo, contrató los servicios técnicos de otras provincias para iniciar los procesos de transformación. El resultado fue un retraso en la aplicación de los cambios estimulados desde la reforma educativa, por cuanto muchos de ellos ni siquiera conocían la realidad social, cultural e histórica de la Provincia.
Por otro lado, sumado a la falta de conocimiento de los responsables técnicos de las jurisdicciones, ciertos sectores de la clase dirigente trataban de utilizar estos programas para sus intereses partidarios ubicando “amigos” en los puestos de conducción. En ese contexto la reforma ya estaba condenada y su fracaso fue inevitable en muchos aspectos. Este hecho se puede comprobar fácilmente si se observa las contrataciones efectuadas desde los Programas mencionados. Los técnicos que no adhirieron a este mecanismo de contrataciones, fueron relegados u obligados a abandonarlo.
Otras jurisdicciones – Santa Fe, Mendoza – resolvieron este mismo problema convocando a expertos de extracción universitaria de la misma provincia y los resultados fueron óptimos. Estas jurisdicciones se beneficiaron porque formó expertos que continúan los procesos de transformación. Este esquema de gestión está orientado a la necesidad de dejar “capacidad instalada”, gestionando los diversos procesos de transformación que – para alguna de ellas – les resulta absolutamente ininteligibles. No logran comprenderlo en su amplitud y extensión.
La intervención de Banco Mundial fue decisiva por cuanto estos organismos internacionales diseñaron mecanismos de “control” para el uso adecuado de los recursos financieros y en gran medida se logró que los mismos no se dilapidaran en su totalidad.
Cuando los recursos escasearon, la reforma quedó inconclusa. Al parecer no hay forma de encausarla para que de continuidad a las transformaciones iniciadas debido a la crisis. Todas las jurisdicciones experimentan esta realidad ante la falta de recursos.
No obstante, la reforma introdujo cambios y, fundamentalmente le asignó al Estado una “nueva” función en lo que a educación se refiere.
En la década de los 90’, el Estado sufre cambios estructurales planteados desde la “doctrina” del derrame, esto afectó directamente la educación, fue lo que se conoce con el nombre de “ Paso del Estado Benefactor al Estado Mínimo”, como lo señala Daniel G. Delgado, en un artículo publicado hace algunos años. De continuar en ésta lógica, se pasará próximamente del “Estado ausente al Estado nulo” o, lo que es lo mismo, hacia su disolución.
Aquí aparece una notable contradicción, que Natalio Botana denomina como “ asincronicidad” de los cambios, “en donde las transformaciones económicas han tomado cada vez más distancia de las instituciones políticas... y en ese marco la salud, la educación y la seguridad social dejaron de ser componentes inalienables de los derechos de los ciudadanos y se convirtieron en simples mercancías”, es decir que, por un lado se procuraba desde la reforma una expansión de los servicios educativos, por otro, se realizaban transformaciones del Estado que limitaba sus posibilidades financieras para poder cumplir con dicha expansión. Una reforma cara, en el marco de un Estado insolvente, indudablemente fracasará.
La reforma frente a esta contradicción está desocultando su contracara, es decir generar los cambios, pero en el marco de un ajuste generalizado, por ejemplo, la reducción de la planta funcional docente de un 30%, cierre de institutos de formación docente, etc. Esta información fue publicada en el periódico Página Doce en agosto de 1997. Curiosamente los programas como PRISE, realizaron estudios para justificar “técnicamente” el cierre de estas instituciones. San Juan es un ejemplo claro, cerró el 50% de los IFDC. (San Juan PRISE, Meta V, Acción V. I.).
Es decir detrás del financiamiento de la Reforma Educativa, estaba planificado el ajuste que puso en riesgo no sólo el éxito de las acciones que ésta generaba sino la reforma misma.
¿Por qué razón el FMI financiaba una transformación necesaria para el desarrollo social y cultural de país y por el otro alentaba un ajuste que provocaba el estancamiento?.
Este interrogante, con el paso de los años y el curso de los acontecimientos dio lugar a una serie de conjeturas que, pretenden una explicación mas o menos plausible y compatible con la situación caótica a la que ha llegado el país. La que más se ajusta a la realidad podría ser la siguiente.
La Reforma fue un proceso “ficticio”, previamente planificado para que el fracaso sea inevitable, para que acompañe a la crisis y despojo institucional de la nación. Una vez quebrado el país financieramente, disuelto institucionalmente y atrasado culturalmente, se generan las condiciones necesarias para su remate definitivo de una enorme riqueza potencial de sus recursos naturales a compradores extranjeros.
El premio Nóbel de Economía 2001 Joseph Stiglitz manifestó recientemente a la prensa que, “ no entiendo cómo un país como el nuestro, con el grado de desarrollo y los recursos naturales y humanos de que dispone haya caído en la situación de bancarrota en que se encuentra “ ( Diario Los Andes 19/01/02), no duda de responsabilizar al FMI de esta crisis. Continúa señalando que, “atribuirle la responsabilidad solamente a la clase dirigente corrupta, inepta y dispendiosa de nuestro país, no agota la explicación de la crisis. El exceso del gasto público es uno de los componentes de dicha crisis que no debe considerárselo como producto de un país despilfarrador y populista y que o sabe organizarse” (Diario Cuyo 02/06/02). Este economista fue funcionario del Banco Mundial, desde 1997 al 2002 y “ pude observar de cerca cómo cierno las economías del sudeste asiático, Rusia y Brasil en 1999”, como consecuencia de la aplicación de recetas del FMI planteando que, “ la crisis argentina no tiene ninguna relación con el supuesto excesos de gastos, sino que se debe a la alta tasa de interés que se originó con la crisis financiera global y que fue ayudada por la barbaridades de FMI” ( Diario Brasileño Valor 31/05/02).
Agrega además, que “ otro factor que condujo al derrumbe económico fue la privatización del sistema de jubilación y si no lo hubieran privatizado, como lo exigió en su momento el FMI, hoy tendría superávit en las cuentas públicas “ y lanza una comparación sorprendente “ si Estados Unidos hubiera privatizado la seguridad social, el déficit fiscal norteamericano sería hoy del 8% respecto del PBI. ¿El FMI es negligente o son políticas previamente planificadas para beneficiar deliberadamente a ciertos grupos económicos?.
Un diputado nacional - Oscar Lamberto -, realizó recientemente declaraciones explosivas en las que planteaba que no se puede lograr un acuerdo con el FMI porque cuando se da cumplimiento a las exigencias planteadas por este, aparecen una nuevas, provocando un nuevo incumplimiento. Este funcionario, además señala que estas medidas obedecen a presiones de ciertos grupos económicos internacionales que estarían interesados en el paquete económico, financiero e industrial argentino. Utilizan al FMI para que la industria y el campo pierdan liquidez y se vendan a muy bajo precio. En otras palabras, se estaría rematando lo poco que queda de la capacidad productiva nacional de modo que esta nación despojada, quebrada, y disuelta, renuncie a sus pretensiones de desarrollo científico y tecnológico que le posibilitan la educación.
Si la actitud obediente y sumisa de nuestros dirigentes políticos frente a las imposiciones de FMI provocó el caos económico del país, el fracaso de la transformación educativa es un hecho. Daniel García Delgado (artículo revista Familia “Del Estado Benefactor al Estado Mínimo”, Agosto del 2000), se pregunta ¿cómo se financia la revolución educativa? Si para él “ hay una gran disociación entre el discurso – tanto oficial, como de los principales actores del sistema político, oficiales y partidarios - , entre la importancia enorme que tiene la educación y los recursos destinados a ella”. La Argentina que viene, como lo señala Daniel Filmus, no tiene en estas condiciones un futuro educativo, más teniendo en cuenta que se ha desperdiciado la oportunidad histórica de instalarla, debido a la negligencia de la clase dirigente y sus cuadros técnicos. Este divorcio entre dirigentes políticos y la educación se refleja en la ausencia de un plan de implementación de la misma desde la cartera educativa a lo largo de los últimos veinte anos.
Pero lejos de efectuar un reproche, es un alerta para los actores que tienen hoy la responsabilidad de continuarla a pesar de esta dificultad. Es decir, los docentes, los directivos y supervisores tienen la obligación de continuar el proceso iniciado por la transformación educativa , para por lo menos, garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación consagrado históricamente, de lo contrario, la apatía y silencio contribuirán a la efectivización del plan de despojo nacional. Este propósito debe realizárselo por una razón muy sencilla, no existe otra posibilidad, no hay retorno. La reforma educativa está en jaque y es necesario bloquear la amenaza para evitar el mate. El solo hecho de pensar en volver hacia atrás implicaría un retroceso del - auque todavía difuso – desarrollo cultural y científico tecnológico del país.